Instinto Noticias.- El asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar ya comenzó a tener efectos en el terreno político. Este jueves, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva informó que solicitó al gobernador Salomón Jara la separación temporal del cargo del secretario de Gobierno y del consejero jurídico del Estado mientras la Fiscalía General de la República concluye la investigación del crimen.
«Por respeto a la investigación, por ética política y por respeto a la familia», escribió el también exlegislador, quien además es familiar de Alejandro Leyva, al hacer pública su petición.
La postura llega después de que la FGR atrajera el caso por la relevancia del homicidio del periodista oaxaqueño, asesinado a balazos mientras desayunaba en un puesto de comida en San Pablo Etla. Organizaciones como Article 19 habían documentado previamente agresiones y acoso judicial en su contra por su labor periodística.
Más allá de la investigación penal, la petición de Héctor Pablo abre otro frente: el de la responsabilidad política. Su planteamiento no acusa directamente a los funcionarios señalados, sino que sostiene que apartarse temporalmente del cargo ayudaría a garantizar que las investigaciones se desarrollen sin cuestionamientos y fortalecería la confianza pública en el proceso.
El caso de Alejandro Leyva volvió a colocar a Oaxaca y al país bajo la mirada nacional por los riesgos que enfrenta el ejercicio del periodismo. Ahora, además de exigir justicia, el debate comienza a trasladarse a las decisiones políticas que podrían tomarse mientras avanzan las investigaciones federales.
La discusión ya está en la esfera pública: ¿deben los funcionarios separarse temporalmente cuando un caso de esta magnitud está bajo investigación, o basta con esperar el resultado de la FGR?
