Instinto Noticias.- Lo que habría comenzado como una reunión comunitaria terminó en un caso que ahora está en manos de la justicia.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que fueron aprehendidos dos hombres identificados como A.B. y J.M.M., quienes se desempeñaban como Regidor de Hacienda y Síndico Municipal de Santiago Choápam, respectivamente.
Ambos son señalados por su probable responsabilidad en el delito de violencia política agravada contra las mujeres en razón de género, en agravio de la presidenta municipal de esa comunidad de la región de la Cuenca.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en junio pasado, durante una reunión realizada en la cancha municipal de la agencia de Santo Domingo Latani.
En ese encuentro, la presidenta municipal habría sido desacreditada en el ejercicio de sus funciones, intimidada y retenida contra su voluntad. Además, presuntamente habría sido obligada a firmar un documento con el que pretendían hacerla renunciar a su cargo y desconocerla como autoridad municipal.
Según la Fiscalía, la presidenta fue liberada al día siguiente.
A partir de estos hechos, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales inició las investigaciones con perspectiva de género y posteriormente obtuvo las órdenes de aprehensión contra ambos funcionarios.
Ahora quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, que será la encargada de determinar su situación jurídica.
El caso también abre una conversación que va más allá de dos funcionarios:
¿Qué pasa cuando quienes deberían trabajar junto a una autoridad electa intentan quitarle su voz y su cargo por la fuerza?
Una mujer que llega a la presidencia municipal tiene exactamente los mismos derechos que cualquier hombre para ejercer el cargo.
No debería tener que demostrar que puede gobernar enfrentándose a intimidaciones, amenazas o presiones.
Y mucho menos tener que defender su derecho a ocupar el puesto para el que fue elegida.
La Fiscalía señaló que ningún cargo público debe convertirse en motivo de violencia, intimidación o exclusión por razones de género.
Por ahora, serán las autoridades judiciales las que determinen la responsabilidad de los señalados.
Pero el mensaje que deja este caso es claro:
En Oaxaca, ejercer un cargo público no debería depender de quién grita más fuerte, quién tiene más poder o quién intenta imponerse. La autoridad también debe respetarse cuando quien la ejerce es una mujer.
