La saxofonista oaxaqueña vuelve al centro del debate tras los señalamientos de Simón Levy, quien plantea una versión distinta sobre el ataque con ácido y menciona al exgobernador Alejandro Murat. Mientras tanto, la Suprema Corte revisará aspectos procesales del caso ocurrido en 2019.
Oaxaca de Juárez, Oax.— El caso de María Elena Ríos vuelve a ocupar los espacios informativos por una combinación de factores: la batalla judicial que continúa siete años después del ataque con ácido que sufrió la saxofonista, las recientes acusaciones del exfuncionario Simón Levy y las controversias públicas que han acompañado distintas etapas de su historia.
La discusión se intensificó después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidiera atraer los amparos relacionados con el procedimiento penal y de que Levy difundiera señalamientos sobre presuntas irregularidades en torno al caso.
El nuevo episodio abre interrogantes sobre las pruebas que respaldan esas declaraciones, el papel de los actores políticos mencionados y la manera en que las controversias mediáticas se entrecruzan con un proceso judicial que todavía enfrenta cuestiones por resolver.
Simón Levy plantea una versión distinta y señala a Alejandro Murat
El exfuncionario Simón Levy lanzó acusaciones públicas contra María Elena Ríos y sostuvo que dispone de audios, videos y documentos que, según su versión, cuestionarían aspectos de la historia conocida sobre el ataque con ácido y la responsabilidad atribuida a Juan Antonio Vera Carrizal.
Entre sus señalamientos, Levy mencionó al exgobernador de Oaxaca Alejandro Murat y le atribuyó presuntas irregularidades relacionadas con el caso. También difundió una hipótesis alternativa en la que señaló a un hombre identificado como José Enrique Feria Torralba, conocido como “El Toro”, como presunto responsable de la agresión.
Estas declaraciones deben entenderse como acusaciones de Levy, no como hechos demostrados. La información disponible para esta nota no permite corroborar de manera independiente la presunta participación de Murat en las irregularidades señaladas ni establecer que “El Toro” haya ordenado o ejecutado el ataque.
La afirmación de que existen materiales capaces de modificar la interpretación del caso tampoco sustituye su revisión. Para determinar su valor sería necesario conocer los archivos originales, verificar su autenticidad y contexto, y contrastarlos con los elementos de la investigación.
Levy también retó públicamente a Ríos a participar en una entrevista para confrontar las distintas versiones. Sin embargo, un intercambio de declaraciones no resuelve por sí mismo las cuestiones que corresponden a las autoridades judiciales.
La Suprema Corte revisará los amparos
El 19 de octubre de 2026, el Pleno de la SCJN decidió atraer los amparos relacionados con el proceso penal por el ataque contra la saxofonista, ocurrido el 9 de septiembre de 2019 en Huajuapan de León, Oaxaca.
La decisión fue aprobada por siete votos contra uno. El máximo tribunal analizará cuestiones jurídicas relacionadas con la anulación de la sentencia absolutoria dictada en agosto de 2024 a favor de Juan Antonio Vera Carrizal y otros dos acusados, así como la reposición del juicio oral.
El asunto se centra en determinar si fue válido que una jueza sustituta dejara sin efectos aquella absolución y ordenara repetir el juicio cuando el juzgador que había presenciado las pruebas fue separado de sus funciones antes de completar la emisión formal de la sentencia.
La atracción del caso no constituye una declaración de culpabilidad ni de inocencia. La Corte deberá resolver los aspectos procesales sometidos a su consideración, no dar por ciertas las nuevas hipótesis difundidas en redes sociales.
La decisión mantiene bajo atención nacional un expediente que comenzó con una agresión de extrema violencia y que, años después, continúa generando controversias jurídicas y públicas.
El ataque de 2019 y los antecedentes judiciales
María Elena Ríos fue atacada con ácido sulfúrico el 9 de septiembre de 2019. La agresión le provocó lesiones graves en el rostro y el cuerpo, así como un prolongado proceso de atención médica y recuperación.
La saxofonista señaló a su entonces expareja, el empresario y exdiputado local Juan Antonio Vera Carrizal, como presunto autor intelectual del ataque. Las investigaciones también involucraron a otras personas por su presunta participación.
En agosto de 2024, un tribunal absolvió a Vera Carrizal y a otros dos acusados. Horas después, la resolución fue objeto de actuaciones judiciales que impidieron que la libertad ordenada se concretara en los términos anunciados inicialmente.
La controversia sobre la validez de esa absolución y la posterior reposición del juicio es precisamente uno de los asuntos que ahora revisará la Suprema Corte.
La trayectoria del expediente explica por qué cualquier nueva declaración relacionada con el ataque genera interés público. Sin embargo, las versiones difundidas fuera de los tribunales deben distinguirse de las pruebas incorporadas formalmente a la investigación.
La polémica con Tenoch Huerta
El caso de Ríos también ha estado acompañado de otras controversias públicas. Una de las más conocidas surgió en junio de 2023, cuando la saxofonista acusó al actor Tenoch Huerta de agresión sexual durante la relación sentimental que ambos mantuvieron.
Ríos afirmó que Huerta se quitó el preservativo sin su consentimiento. El actor negó las acusaciones y sostuvo que la relación había sido consensuada.
El intercambio de declaraciones provocó una amplia discusión en redes sociales y tuvo repercusiones en la trayectoria pública del intérprete, quien anunció que se apartaría de un proyecto cinematográfico mientras defendía su reputación.
Las posiciones de ambas partes fueron difundidas por medios nacionales e internacionales, pero deben mantenerse diferenciadas: Ríos formuló una acusación y Huerta la rechazó. Ese antecedente no constituye una resolución sobre el ataque con ácido ni permite establecer responsabilidades en el expediente que actualmente revisa la SCJN.
Su relevancia para esta nota radica en que fue uno de los episodios que amplió la exposición mediática de la saxofonista y generó una confrontación pública independiente del proceso penal por el que busca justicia.
El enfrentamiento en un hospital de Oaxaca
En diciembre de 2024, otro episodio colocó a Ríos en el centro de la discusión pública, luego de que circularan videos de un altercado en un hospital privado de Oaxaca.
El incidente ocurrió durante una protesta por la presencia de Vera Carrizal en ese centro médico. En las imágenes difundidas por medios de comunicación se observa un enfrentamiento físico entre Ríos, otra mujer y personas que intervienen en la disputa.
La saxofonista sostuvo que la otra mujer la había agredido y la relacionó con el entorno de su presunto agresor. La difusión de las imágenes provocó críticas y reacciones contrapuestas en redes sociales.
El episodio generó una controversia propia y llevó a que se discutiera públicamente el comportamiento de las personas involucradas. Sin embargo, no determina quién ordenó el ataque con ácido de 2019 ni modifica por sí mismo la situación procesal de los acusados.
¿Por qué tantas controversias alrededor del caso?
La sucesión de episodios ayuda a explicar por qué el nombre de María Elena Ríos aparece periódicamente en el debate nacional: el ataque que sufrió, el prolongado proceso judicial, sus denuncias públicas contra otras personas y los enfrentamientos que han alcanzado difusión mediática han mantenido su historia bajo escrutinio.
Pero la acumulación de controversias no demuestra que exista una trama común ni permite concluir que todas las versiones difundidas sean ciertas o falsas.
El caso exige distinguir entre la violencia sufrida por Ríos en 2019, las acusaciones que ha formulado en otros ámbitos, las respuestas de las personas señaladas y las nuevas hipótesis planteadas por Levy.
También obliga a separar la atención mediática de la investigación judicial. Que una declaración tenga amplia difusión no significa que esté probada, del mismo modo que la existencia de una polémica personal no invalida automáticamente una denuncia.
Las preguntas que siguen abiertas
Las declaraciones de Levy colocan nuevamente el foco en la necesidad de conocer qué pruebas respaldan sus acusaciones contra Murat y su hipótesis sobre “El Toro”. También queda por establecer si los materiales que afirma poseer han sido entregados a alguna autoridad y si existe una investigación formal que los examine.
Por otra parte, la Suprema Corte deberá resolver las cuestiones procesales que motivaron la atracción de los amparos. Esa determinación será distinta de cualquier conclusión que pudiera surgir de las nuevas acusaciones públicas.
A siete años del ataque, el caso de María Elena Ríos continúa siendo un asunto de interés público por sus implicaciones judiciales y por las preguntas que persisten sobre el acceso a la justicia.
Las controversias seguirán generando debate, pero el esclarecimiento de los hechos dependerá de pruebas verificables, investigaciones y resoluciones judiciales, no únicamente de las versiones que circulen en redes sociales.
