Instinto Noticias.- El nombre de Geovany Vásquez Sagrero, consejero jurídico del Gobierno de Oaxaca, vuelve a quedar bajo cuestionamientos. Esta vez, por una queja presentada ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) por el periodista Juan Carlos Zavala Díaz, corresponsal de El Universal en el estado.
Zavala acusa al funcionario de haberlo intimidado y acosado después de que cuestionara su trabajo periodístico durante una conferencia matutina encabezada por el gobernador Salomón Jara Cruz.
El caso cobra relevancia porque ocurre mientras Vásquez Sagrero también aparece mencionado en otro expediente relacionado con señalamientos sobre una presunta red de despojo de propiedades que involucraría a funcionarios del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca (IFREO).
EL PUNTO QUE PREOCUPA: EL USO DEL APARATO PÚBLICO
De acuerdo con Zavala, el problema no se limitó a una confrontación verbal.
El periodista señaló que el consejero jurídico habría utilizado redes sociales administradas por el Gobierno del Estado y la cadena pública local de radio y televisión para cuestionar su trabajo y difundir una versión de los hechos que, según él, contiene datos incorrectos sobre las fechas de los acontecimientos que documentó.
Zavala acudió a la DDHPO y pidió que se investigue lo ocurrido.
El señalamiento adquiere mayor peso dentro del contexto político y periodístico de Oaxaca: el reportero recordó que el periodista Alejandro Leyva Aguilar, asesinado meses atrás, había responsabilizado públicamente a distintos funcionarios, entre ellos a Vásquez Sagrero, ante cualquier eventual agresión que pudiera sufrir.
Esto no significa que exista responsabilidad del consejero jurídico en aquel asesinato. Pero sí explica por qué Zavala considera especialmente delicado cualquier acto de intimidación proveniente de un funcionario con poder político y jurídico dentro del gobierno estatal.
DOS HISTORIAS QUE TERMINAN TOCANDO AL MISMO FUNCIONARIO
El otro frente está relacionado con una investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, identificada con la carpeta 375(FEMCCO)2026.
En ella se investiga a servidores públicos del IFREO por su presunta participación en actos relacionados con tráfico de influencias, mientras particulares denuncian un supuesto esquema para despojar propiedades mediante documentos presuntamente falsificados.
Entre los casos señalados aparecen propiedades ubicadas en Oaxaca de Juárez y el Centro Histórico.
Las acusaciones son graves, pero hasta ahora se mantienen como señalamientos e investigaciones en curso, no como responsabilidades judicialmente acreditadas.
Vásquez Sagrero ha rechazado las acusaciones en su contra.
Y ahí está quizá el verdadero ángulo de esta historia: más allá de una disputa entre un funcionario y un periodista, la pregunta es qué ocurre cuando el poder público responde a las investigaciones periodísticas utilizando los propios recursos de comunicación del Estado.
Porque una cosa es responder a una crítica.
Otra muy distinta sería utilizar el aparato institucional para desacreditar o intimidar a quien investiga al poder.
Esa es la discusión que Oaxaca debería estar teniendo.
