Después de 124 días fuera de la escena pública, el senador sinaloense regresó al Congreso con un discurso de confrontación. Rechazó cualquier vínculo con el narcotráfico, cuestionó la investigación de la Fiscalía General de la República y responsabilizó a los medios de haber construido, según él, una ofensiva política en su contra. Su regreso, sin embargo, ocurre en un escenario radicalmente distinto al que dejó: sin el respaldo de la bancada de Morena y con una investigación que continúa abierta.
Enrique Inzunza reapareció este lunes en el Senado de la República después de 124 días de ausencia pública. Regresó cuando el escenario político que lo acompañó durante años había cambiado de manera sustancial: Rubén Rocha Moya dejó la gubernatura de Sinaloa, Morena tomó distancia de su situación y el senador decidió separarse de la bancada oficialista para continuar como legislador sin grupo parlamentario.
Pero el principal pendiente permanece intacto: la investigación de la Fiscalía General de la República en torno a los señalamientos que pesan sobre él.
El nombre de Inzunza quedó colocado en el centro de la controversia desde el pasado 29 de abril, cuando trascendieron señalamientos procedentes de Estados Unidos relacionados con presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa. Las acusaciones también alcanzaron a funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, entre ellos el entonces gobernador Rubén Rocha Moya.
Hasta ahora, Inzunza sostiene que es inocente y que no existen pruebas que acrediten alguna relación suya con organizaciones criminales. No existe, por tanto, una sentencia que determine su responsabilidad. Lo que sí existe es una investigación abierta y un expediente que, cuatro meses después, continúa sin una resolución pública definitiva.
Una reaparición a la defensiva
Lejos de optar por un regreso discreto, Inzunza utilizó su primer encuentro con los medios para construir su propia defensa.
“Soy constitucional y verídicamente inocente”, afirmó ante los reporteros. Aseguró además que, después de cuatro meses, resulta evidente que se trata de “un asunto político, no jurídico, ni judicial” y acusó haber sido objeto de una “embestida mediática”.
El mensaje fue claro: Inzunza no volvió al Senado dispuesto a responder como un funcionario sometido a escrutinio, sino como un político que considera que ha sido víctima de una campaña en su contra.
Incluso cuestionó el ritmo de la investigación de la Fiscalía General de la República. A su juicio, cuatro meses han sido tiempo suficiente para que las autoridades concluyan las indagatorias y determinen responsabilidades.
El reclamo, sin embargo, plantea una pregunta incómoda: si el senador está convencido de que no existe evidencia en su contra, ¿por qué convertir el cierre de la investigación en el principal argumento de su defensa?
La respuesta corresponde a las autoridades y no al propio legislador. Una investigación abierta no demuestra culpabilidad, pero tampoco puede ser presentada como una prueba de inocencia. Mientras no exista una resolución de la autoridad competente, el caso permanece en ese terreno incómodo en el que Inzunza pretende colocarse como víctima política, mientras las instituciones mantienen abierta la investigación.
“No soy un narcolegislador”
El momento más desafiante de su comparecencia llegó cuando fue cuestionado directamente sobre los señalamientos que lo relacionan con el narcotráfico.
“No lo soy, nunca he sido un narconada. Ni narconibliotecario, ni narcotaquero, ni narcomagistrado, ni narcolegislador”, respondió.
La frase buscó ridiculizar la etiqueta y, al mismo tiempo, marcar una distancia absoluta frente a cualquier organización criminal.
Pero el problema político para Inzunza no desaparece con una declaración contundente. Su regreso ocurre precisamente porque los señalamientos no han sido esclarecidos de manera definitiva y porque el propio Senado y Morena enfrentan el dilema de qué hacer con un legislador cuya situación jurídica permanece bajo investigación.
La cuestión ya no es únicamente si Inzunza se declara inocente. La pregunta política es qué responsabilidad debe asumir un servidor público cuando existen investigaciones y señalamientos de tal gravedad, aun cuando todavía no haya una resolución judicial en su contra.
Fuera de la bancada, pero no necesariamente fuera de Morena
El otro frente abierto es político.
Inzunza decidió abandonar la bancada de Morena, pero no anunció su salida del partido. La diferencia puede parecer técnica, pero tiene importantes consecuencias políticas.
El senador sostiene que se trata de una decisión estrictamente personal y parlamentaria. Morena, en cambio, ha dejado claro que no comparte la estrategia.
La presidenta Claudia Sheinbaum y dirigentes del partido han cuestionado que Inzunza permanezca en el Senado mientras enfrenta las investigaciones y han planteado que, antes que separarse de la bancada, debió solicitar licencia.
El coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, también le ha pedido asumir responsabilidad sobre su situación.
La maniobra de Inzunza lo coloca así en una posición singular: quiere conservar su escaño, pero sin permanecer dentro de la estructura parlamentaria que lo llevó al Senado; quiere mantener su pertenencia a Morena, pero sin asumir necesariamente las consecuencias políticas de formar parte de su bancada.
Es una separación calculada que permite conservar margen de maniobra mientras el expediente continúa abierto.
Un regreso que no resuelve el problema
La reaparición de Enrique Inzunza no despejó las dudas que rodean su caso. Al contrario, volvió a colocarlas en el centro de la discusión.
El senador asegura que permanecerá en el cargo y que continuará defendiendo su inocencia. Morena, entretanto, ha comenzado a marcar distancia. La Fiscalía mantiene abierta la investigación y la opinión pública sigue esperando que las autoridades determinen si existen o no elementos para proceder en su contra.
Inzunza regresó al Senado con un mensaje de resistencia: no piensa renunciar, no piensa aceptar las acusaciones y tampoco parece dispuesto a asumir el papel de político bajo sospecha que sus adversarios y parte de su propio partido pretenden asignarle.
Pero hay una diferencia entre negar una acusación y esclarecerla.
La primera depende de un discurso político. La segunda corresponde a las instituciones.
Y mientras esa respuesta no llegue, el regreso de Inzunza al Senado difícilmente puede considerarse el cierre de una crisis. Es, más bien, el comienzo de una nueva etapa en la que el senador deberá enfrentar simultáneamente una investigación pendiente, el distanciamiento de Morena y el costo político de unos señalamientos que, hasta ahora, no han sido judicialmente resueltos.
