El plantón que mantiene la Sección 22 del SNTE en el Zócalo y calles del Centro Histórico de Oaxaca ya genera pérdidas estimadas en 100 millones de pesos diarios, aseguró Francisco Jorge Sánchez, presidente del Comité de Vida Vecinal del Centro Histórico e integrante de Comerciantes Establecidos Oaxaca Antequera.
Durante una conferencia de prensa, el representante empresarial señaló que, en condiciones normales, la capital oaxaqueña registra una circulación económica cercana a los 205 millones de pesos por día. Sin embargo, afirmó que las movilizaciones y bloqueos han reducido esa actividad prácticamente a la mitad.
A esta cifra se suman las estimaciones de la Coparmex, que calcula pérdidas cercanas a los 50 millones de pesos diarios por la disminución de visitantes y las dificultades para desplazarse en la ciudad.
Según datos expuestos por Jorge Sánchez, alrededor de 10 mil negocios ubicados en el Centro Histórico han resultado afectados desde el inicio de la protesta magisterial, principalmente micro, pequeñas y medianas empresas.
El dirigente reconoció que las demandas del magisterio tienen un origen legítimo y recordó que los docentes llevan décadas exigiendo mejoras salariales, educativas y laborales. No obstante, consideró que el método de protesta también impacta derechos de otros sectores de la población.
“Manifestarse es un derecho constitucional, pero el bloqueo prolongado del Centro Histórico vulnera otros derechos como el libre tránsito, el trabajo y la movilidad de estudiantes y ciudadanos”, sostuvo.
Añadió que muchos pequeños comercios enfrentan dificultades para cubrir gastos básicos como nómina, renta, energía eléctrica y agua, mientras que algunos vendedores informales continúan operando en la zona, situación que calificó como una competencia desigual para los establecimientos formales.
Ante este panorama, propuso establecer zonas y horarios específicos para las manifestaciones, además de evitar que el Zócalo permanezca ocupado de forma indefinida por cualquier organización social.
También planteó que las mesas de negociación incluyan a empresarios, vecinos y otros sectores afectados, y no únicamente a autoridades y representantes sindicales.
Entre las medidas sugeridas destacó la creación de un fondo emergente para apoyar a micro y pequeñas empresas del Centro Histórico que han resentido las consecuencias económicas del conflicto.
Finalmente, llamó a construir un pacto de civilidad entre los tres niveles de gobierno, el magisterio, empresarios y habitantes de la zona, con el objetivo de encontrar una salida que permita atender las demandas del sector educativo sin profundizar las afectaciones para el resto de la ciudad.
La discusión sigue abierta. Mientras unos defienden el derecho a la protesta como herramienta de presión, otros cuestionan cuánto tiempo puede resistir la economía local antes de que las pérdidas alcancen a miles de familias que dependen del comercio diario.
