SANTA LUCÍA DEL CAMINO, OAX. — Un terreno municipal de aproximadamente una hectárea, donde actualmente funcionan una Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) y un pozo que abastece de agua potable a familias de Santa Lucía del Camino, está involucrado en un proceso de embargo que tiene su origen en un adeudo señalado desde 2015.
El caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que va más allá de la administración que habría generado el problema: ¿por qué una deuda de hace más de una década llegó hasta este punto sin que el patrimonio municipal quedara protegido?
De acuerdo con los señalamientos sobre el expediente, durante la administración de Galdino Huerta Escudero, en 2015, el predio habría sido utilizado como garantía por un monto de 5 millones de pesos.
La situación resulta especialmente delicada por lo que existe actualmente en ese terreno. No se trata únicamente de un predio municipal: ahí operan servicios de rehabilitación y se encuentra un pozo que forma parte del abastecimiento de agua para habitantes del municipio.
Si el procedimiento de embargo avanza y el terreno queda comprometido, las consecuencias podrían alcanzar directamente a servicios que utilizan los ciudadanos.
Pero hay otra parte de la historia que merece respuestas.
Después de aquella administración estuvieron al frente del municipio Raúl Cruz González y Dante Montaño Montero. La pregunta no es solamente qué ocurrió en 2015, sino qué hicieron las administraciones que tuvieron conocimiento del problema para resolverlo, defender el patrimonio municipal o evitar que el conflicto llegara a una situación de mayor riesgo.
Porque si el problema era conocido desde años atrás, también existe una responsabilidad política y administrativa que merece ser explicada.
